Entre la Justicia y el Saqueo: El Dilema de la Soberanía en la Era de la Intervención Rentable
3 de enero de 2026
La madrugada de este 3 de enero de 2026 quedará grabada en los libros de historia, pero no sabemos aún si en el capítulo de las liberaciones o en el de las conquistas modernas. La ejecución de la "Operación Resolución Absoluta"y la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses ha colocado al mundo en una encrucijada donde la moral y la ley parecen ir por caminos separados.
A simple vista, la caída de un régimen señalado por crímenes de lesa humanidad se celebra como un triunfo de la justicia. Sin embargo, detrás del entusiasmo, surge una pregunta que debería incomodarnos a todos: ¿Sigue siendo libertad si el rescatista se queda con las llaves de la caja fuerte?
Desde el punto de vista del Derecho Internacional, lo ocurrido es un terremoto. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe tajantemente invadir a otro país sin permiso del Consejo de Seguridad. Al actuar de forma unilateral, Washington no solo capturó a un líder, sino que fracturó el principio de soberanía que sostiene la paz global.
El argumento de que el gobierno de Venezuela era una empresa criminal y no un Estado, es una pendiente peligrosa. Si aceptamos que una potencia puede decidir, por cuenta propia, qué país merece ser soberano y cuál no, estamos otorgando una licencia para diseñar el mapa del mundo según los intereses del más fuerte. Hoy es Venezuela; mañana podría ser cualquier otro.
Es cierto que el análisis no puede ser solo legalista. No podemos olvidar el vacío moral que deja el chavismo: casi 8 millones de desplazados y una nación sumida en la miseria. Durante años, el régimen usó la palabra soberanía no para proteger a la nación y a los venezolanos, sino como un muro para ocultar su impunidad; ante organismos internacionales que solo saben emitir comunicados vacíos, muchos argumentan que violar la ley es un precio aceptable si eso significa detener el hambre y la persecución. Es la eterna pelea entre el deber ser de la ley y la urgencia de salvar vidas.
Pero aquí es donde la narrativa humanitaria se desmorona. La aceptabilidad de esta intervención queda bajo sospecha tras las palabras del presidente Donald Trump. Al afirmar que las petroleras entrarán a recuperar lo que es suyo y a generar ganancias, el mensaje cambia por completo.
Cuando la liberación política se condiciona al retorno de activos para corporaciones como ExxonMobil o Chevron, la operación pierde su halo de misión de paz y empieza a parecerse más a un embargo corporativo ejecutado con fusiles. La sospecha es inevitable: ¿Se liberó al pueblo o se aseguró el suministro de crudo?
Celebrar este evento sin sentido crítico es validar una política donde la libertad es un producto que se compra y se vende. Si permitimos que la soberanía sea un privilegio que las potencias pueden revocar según el precio del barril, habremos retrocedido décadas en la historia de la civilización.
El fin del sufrimiento venezolano es un imperativo moral, pero la forma importa. Hacerlo violando el derecho internacional con una mano y firmando contratos petroleros con la otra sugiere que, en este nuevo orden mundial, la libertad de los pueblos no es un derecho inalienable, sino un servicio costoso que se paga con el patrimonio de las futuras generaciones.
IBARRA MARÍN ABOGADOS
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Enero 2026
